Comisión de la Verdad - CVR - Perú - (IN) Justicia

Summary

El sistema judicial en Perú durante las décadas de violencia no solo abandonó a los inocentes, sino que también se convirtió en una herramienta represiva, cometiendo abusos contra los ciudadanos más vulnerables. La Comisión de la Verdad y Reconciliación critica la inacción de los jueces, quienes, muchas veces, se limitaron a aplicar leyes antiterroristas sin considerar los derechos humanos. A pesar de las reformas bajo el gobierno de Fujimori, los abusos siguieron. El informe de la CBR recomienda fortalecer la independencia judicial, capacitar a los operadores en derechos humanos y crear especializaciones para abordar violaciones graves a los derechos humanos.

Takeaways

• 😀 El poder judicial durante las décadas de violencia en el país no cumplió con su rol y fue una herramienta represora, cometiendo actos de violencia contra los ciudadanos más desprotegidos.
• 😀 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CBR) sostiene que el poder judicial abdicó de sus funciones en ese período y no defendió los derechos humanos.
• 😀 Los jueces, especialmente después de 1992, se limitaron a aplicar las leyes del paquete antiterrorista, lo que resultó en injusticias y violaciones de derechos fundamentales.
• 😀 Se mencionan numerosos casos de violaciones a los derechos humanos en los que el poder judicial no actuó, como las matanzas de Pucayacu, Cayara y La Cantuta.
• 😀 Durante los años 80, el sistema judicial se mostró ineficaz ante las denuncias de desapariciones y torturas, archivando muchas denuncias sin investigación.
• 😀 El gobierno de Fernando Belaúnde promulgó leyes que asignaron el control de las zonas de emergencia a los militares, sin que hubiera responsabilidad por los abusos cometidos por las fuerzas armadas.
• 😀 En 1992, el gobierno de Alberto Fujimori implementó un sistema judicial paralelo con tribunales militares y juicios sumarios, que resultaron en la prisión de muchos inocentes.
• 😀 El sistema judicial, al depender de los poderes del ejecutivo, se volvió aún más vulnerable a la manipulación, lo que minó su independencia.
• 😀 Se señala la existencia de graves violaciones de derechos humanos, como la violencia sexual contra mujeres en bases contrasubversivas y la falta de investigación de estos crímenes.
• 😀 La CBR recomienda una reforma integral del poder judicial, con un enfoque en derechos humanos, la creación de especializaciones judiciales y fiscales, y la capacitación en legislación internacional.

Q & A

¿Qué crítica realiza la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al sistema judicial peruano durante las décadas de violencia en el país?

La CVR critica que el sistema judicial no solo no condenó a los culpables, sino que también abandonó a los inocentes. Además, señala que el poder judicial fue una herramienta represiva que cometió actos de violencia directa contra los ciudadanos más desprotegidos.

¿Cuál fue el papel del exjuez Jorge Luis Oerre López durante este periodo según el informe de la CVR?

Jorge Luis Oerre López, un exjuez que luego continuó ejerciendo como abogado, no se preocupó por investigar la veracidad de las acusaciones presentadas por 'arrepentidos', lo que contribuyó a la injusticia y la falta de protección de los derechos humanos.

¿Qué eventos significativos ocurrieron en 1992 en relación con la lucha contra la subversión en Perú?

En 1992, el gobierno de Alberto Fujimori implementó cambios radicales en la lucha contra la subversión, apoyándose en la llamada 'coladera' del sistema judicial, que permitió liberar a cientos de miembros de grupos subversivos. Esto también marcó la promulgación de un paquete legislativo antiterrorista que favoreció la violación de derechos humanos.

¿Cómo describe la CVR la actuación del poder judicial en relación con las denuncias de violaciones a los derechos humanos?

La CVR describe que el poder judicial actuó con indiferencia ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos, archivando casos sin investigación y aceptando sin cuestionar las denuncias presentadas por las fuerzas del orden, lo que permitió la impunidad.

¿Qué consecuencias tuvo la ley antiterrorista promulgada en 1992 para los derechos humanos?

La ley antiterrorista de 1992 creó mecanismos como los 'jueces sin rostro', tribunales militares y juicios sumarios, que resultaron en la multiplicación de injusticias y el encarcelamiento de inocentes, además de limitar gravemente el derecho a la defensa.

¿Cómo afectó la intervención del Ejecutivo en el poder judicial durante el gobierno de Fujimori?

La intervención del Ejecutivo en el poder judicial fortaleció la dependencia de jueces y fiscales del poder central, lo que comprometió la independencia del sistema judicial y permitió la continuación de la impunidad frente a crímenes cometidos por el Estado.

¿Qué problemas estructurales tenía el poder judicial peruano durante este periodo?

El poder judicial tenía deficiencias estructurales e históricas que le impedían cumplir su función, lo que lo hacía incapaz de enfrentar adecuadamente fenómenos complejos como el terrorismo, contribuyendo a la falta de justicia.

¿Qué sugerencias hace la Comisión de la Verdad y Reconciliación para mejorar el sistema judicial peruano?

La CVR sugiere una reforma integral del poder judicial, que incluya la creación de una especialización en derechos humanos, la capacitación en legislación internacional y el fortalecimiento de la independencia judicial. También propone la creación de un sistema específico para investigar violaciones de derechos humanos.

¿Qué se menciona sobre la reparación de las víctimas de injusticias judiciales?

La CVR resalta que más de 700 personas inocentes fueron liberadas mediante indulto, pero aún quedan injustamente sentenciados. Además, se hace un llamado a que los liberados reciban una reparación por los años de prisión injusta.

¿Cómo afectaron las leyes promulgadas por Fernando Belaúnde Terry a la justicia en las zonas de emergencia?

Las leyes 749 y 24150 promulgadas durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry delegaron el control de las zonas de emergencia a los militares, lo que resultó en una violencia sistemática y una total impunidad para los delitos cometidos por el personal militar.